ES EL JUEZ QUE ORDENÓ LOS TRES DESALOJOS EN COLALAO DEL VALLE
La marcha del 1° de junio manifestó ante Documentos y Locaciones en donde se desempeña el Juez Peral
CONTRAPUNTO_PUEBLOS_ORIGINARIOS_03_06_2011| La Comunidad India Quilmes y la fundación ANDHES presentaron ante la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político contra el juez Civil de Documentos y Locaciones de la IIIª Nominación, Juan Carlos Peral. Lo acusan de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y desconocimiento del derecho.
En esta línea, adelantaron que la causal de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” se encuentra fundada en la realización de actos de manifiesta arbitrariedad, por parte del juez. Esto se refleja, según los demandantes, en las sentencias dictadas contrarias al ordenamiento jurídico vigente en posición evidentemente parcial a favor de Comunidad Aráoz Hnos.
Consideraron que sus resoluciones violan garantías constitucionales básicas. Asimismo, plantearon que “existe un grave desconocimiento del derecho vigente por parte del Juez Peral, que ha perjudicado en sobremanera y de un modo directo los derechos e intereses de la Comunidad India Quilmes”.
Desde la fundación Andhes, como representantes legales de la comunidad, manifestaron que “no quedan dudas que el juez ha dejado de mantener su buena conducta en términos constitucionales (art. 112 Constitución Provincial). La delicada misión de resguardar y respetar las leyes Supremas y el orden normativo vigente, ha sido groseramente quebrantada por este magistrado, dejando a la CIQ y a la sociedad toda, con una marcada indefensión”.
En la presentación que realizaron ante la Legislatura provincial en la jornada de hoy, expresaron que “el mal desempeño se configura también con la falta de idoneidad (profesional y moral) de un magistrado. El Juez Juan Carlos Peral desconoce con su accionar arbitrario no sólo reglas procesales de derecho y normativas de orden público, sino que, más grave aún, desconoce la preexistencia étnico-cultural, la identidad, la espiritualidad y las instituciones de los Pueblos Indígenas que habitan en el territorio provincial –tal el caso de la Comunidad India Quilmes-, y todo el plexo normativo constitucional que los ampara”.
Los hechos
Desde el año 2008 en la localidad de Colalao del Valle, la Comunidad India Quilmes (CIQ) “viene sufriendo un verdadero asedio judicial —a través de diversas acciones penales y civiles— por la sociedad de hecho ‘Comunidad Aráoz Hermanos’, quienes se arrogan la propiedad de una parte del territorio indígena de dicha comunidad situado en la zona de Colalao del Valle”, plantearon los demandantes.
El predio en cuestión consta de 4 hectáreas ubicadas a la vera de la ruta Nº 40 y es un lugar ancestral de pastoreo de animales y recolección de leña, en donde actualmente viven cerca de cinco familias indígenas, de las 40 familias que habitaban el lugar antes de los desalojos que se vienen sucediendo desde hace dos años.
A fines de 2008, Comunidad Aráoz Hermanos realizó ante el juzgado de Paz de Colalao del Valle, a cargo de Adolfo Salazar, un amparo a la simple tenencia en contra de varios comuneros integrantes de la CIQ. La acción fue resuelta a su favor y confirmada por el juez Dr. Juan Carlos Peral, el 12 de febrero de 2009.
El juez Peral confirmó la resolución del juez de paz -aún cuando Salazar ya se encontraba denunciado por la CIQ ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia por parcialidad manifiesta-.
La sentencia fue ejecutada con desalojo efectivizado con gran violencia con la quema de las casas y bienes de las familias indígenas que allí vivían. La medida fue cumplida y la tenencia de las 4 has. fue entregada al actor Comunidad Aráoz Hnos., libre de ocupantes.
Días después del mencionado desalojo, la Comunidad India Quilmes “en ejercicio del derecho de defensa de su territorio ancestral”, volvió a ocupar de manera pacífica este predio, llevando nuevamente sus animales y reconstruyendo las casas destruidas.
El 4 de diciembre de 2009, el juez Peral hizo lugar a una nueva medida de desalojo solicitada por Salazar, indicando que no se trataría de un nuevo desalojo sino la continuidad de la ejecución de la sentencia del amparo original. La medida se cumplió otra vez con violencia, destruyendo lo reconstruido –salón de uso comunitario incluido- y sin consideración alguna de la presencia de mujeres, ancianos y niños.
En sentencia del 6 de abril de 2011, Peral confirmó un nuevo pedido del juez de Paz, Adolfo Salazar, disponiendo un nuevo desalojo a favor de la Comunidad Aráoz Hnos. del predio en cuestión. Otra vez a todas luces arbitrario: sin nuevas constataciones oculares, sin nueva demanda ni nuevo proceso.
Bajo estas irregularidades, ordenó el tercer lanzamiento, el cual fue resistido por decenas de hombres y mujeres de la CIQ quienes recibieron por parte de efectivos policiales de la provincia gases lacrimógenos y balas de goma: grave situación de violencia, con heridos de ambas partes y claramente evitable por su manifiesta ilegalidad.
ANDHES
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